En Venezuela, las personas que viven con VIH y Sida y las poblaciones vulnerables han denunciado desde los inicios de la epidemia el trato desigual que reciben por su condición. La exigencia de las pruebas de anticuerpos contra el VIH para ingresar a un trabajo, al sistema educativo, o para la permanencia en el país, son una muestra de cómo una condición de salud o la sospecha de estar infectado por VIH afectan el goce de ciertos derechos fundamentales. A su vez, viene siendo corriente la denegación de asistencia a la salud a las personas con VIH, tanto en centros públicos como privados – lo cuál es una flagrante violación al derecho a la igualdad y a la atención de salud. Las constantes denuncias destacan la resistencia de algunos médicos y enfermeras para atender a estas personas, sin importarles la gravedad del caso; así como los maltratos y arbitrariedades cuando son obligados a brindar la atención.
La discriminación en el lugar del trabajo continúa siendo otros de los problemas graves que enfrentan las personas que viven con VIH y Sida. Todavía muchas empresas, del sector público y del sector privado, exigen la prueba de anticuerpos contra el VIH. Igualmente, se continúa con la práctica de exigir las pruebas durante los controles médicos anuales. Es habitual el despido de aquellas personas que arrojan resultados positivos en las pruebas, lo que les deja sin empleo y sin seguridad social, aumentando así su vulnerabilidad por motivos económicos y de rechazo social.
En cuanto a los avances normativos, Venezuela cuenta con importantes pronunciamientos de las instancias de justicia y de otros instrumentos legales (dictámenes, pronunciamientos, resoluciones y normativas) en materia de Derechos Humanos y VIH/Sida, las cuales prohíben la discriminación por la condición de vivir con VIH en el lugar de trabajo y educación, y garantizan el acceso a la atención y los medicamentos para tratar el VIH (antirretrovirales), entre otros beneficios. Desafortunadamente, este marco legal no ha sido suficientemente divulgado por los distintos entes del Estado venezolano, y es muy poco lo que se ha realizado en los casos en que se ha denunciado su violación. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos bajo el orden jurídico anterior se erigió como una herramienta de derecho fundamental y práctica en la lucha frente a los tribunales contra la discriminación; como a su vez ocurre con las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cuando se vulneran los derechos humanos de las personas con VIH y las poblaciones vulnerables, no sólo se afecta su dignidad, sino que se está obstaculizando su acceso a los programas preventivos. Esto provoca la desinformación y las actitudes irresponsables. A su vez, cuando las medidas sanitarias de prevención, atención médica y apoyo sanitario son de carácter coactivo, no llegan a las personas que más lo necesitan, al provocar su aislamiento.
Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos constituye un factor esencial en la lucha contrala epidemia VIH/Sida – tanto para proteger la dignidad de las personas afectadas por la epidemia como para lograr los objetivos de salud pública asociados.
La salud y los derechos humanos se complementan y refuerzan mutuamente en todos los ámbitos, como se complementan y refuerzan mutuamente en lo relativo al VIH/Sida. Así, la manera de alcanzar los objetivos de salud pública es promover la salud para todos, en particular la de los grupos más vulnerables, y promover la plena vigencia de los derechos humanos y la dignidad de todos sin excepción.
ACCSI Manual Introductorio DDHH y SIDA Venezuela version final
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